El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «… clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio „una Administración una competencia“, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas…». Posteriormente, se han ido introduciendo novedades que el Practicum contempla como las de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y, finalmente, un conjunto de acontecimientos en el ámbito de los impuestos locales y la fiscalidad que constit
