La Ley 9/2017, de contratos del sector público es una de las normas de mayor importancia en la gestión de las políticas públicas. Se trata de un texto extenso y prolijo -son 347 artículos y 53 Disposiciones Adicionales (muchas de estas Disposiciones, en adecuada técnica normativa, deberían formar parte del articulado) y 16 Disposiciones Finales-. Y en ciertas ocasiones tiene un marcado carácter reglamentario que puede complicar la aplicación. Es cierto que puede parecer un texto «continuista» , pero existen notables diferencias con su predecesora, principalmente porque, tras el debate parlamentario, se han dado importantes pasos para intentar solucionar problemas estructurales de transparencia y de prevención de la corrupción, en especial derivados de la dualidad de regímenes jurídicos en función de la consideración o no de Administración pública, o de debilidad del control, lo que ponía en cuestión el objetivo inicial de impulsar una diferente «gestión práctica» de la contratación pública. Y pretende, además, un cumplimiento de las exigencias europeas así como una reorientación de la contratación pública desde la perspectiva de estrategia para implementar políticas públicas. Para el correcto análisis y comprensión de los cambios que se incorporan tiene el lector una obra de reflexión y no meramente propedéutica. Se analiza por especialistas académicos y de la práctica administrativa de forma sistemática la Ley 9/2017, de contratos del sector público con la intención de dar cuenta de las principales novedades y consecuencias prácticas de la nueva legislación de contratos públicos. Se trata, en definitiva, de la obra de referencia para conocer en profundidad las novedades de la nueva regulación y su significado en la gestión de la contratación pública desde la óptica de estrategia.
