Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia. Leonardo Güiza-SuárezЧитать онлайн книгу.
Sollund, 2016). Esta falta de soporte está, a su vez, relacionada con prácticas culturales más antiguas en torno a la fauna silvestre (Goyes & Sollund, 2016) y una cultura política que propicia la baja participación ciudadana en decisiones en torno a estos problemas (Malamud, 2018).
Si bien en esta sección hemos señalado lo que consideramos como algunas falencias normativas, consideramos que el problema en buena medida tiene que ver con la escasa aplicación de los marcos legales existentes (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2019). Por otro lado, cabe señalar que para que la normativa ambiental sea cumplida de forma más efectiva, la legislación debe ser más sensible a las particularidades de las distintas regiones geográficas de Colombia (Rodríguez, Martínez, Villarraga & Ruíz, 2018).
6.2. Cooperación internacional
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2018, Sala de Casación Civil, STC-4360) declaró a la región de la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó al Estado Colombiano la formulación de planes para contrarrestar la deforestación en la Amazonía. Ahora bien, una serie de circunstancias plantean que para una gobernanza satisfactoria de la Amazonía se requieren acciones en conjunto con otras naciones.
A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del planeta, la mayoría de los animales traficados ilegalmente en Colombia no se comercializan hacia otros continentes, sino dentro del país mismo o a países vecinos (Sollund, 2019). Según varios funcionarios entrevistados, en muchas ocasiones se trafican especies de fauna silvestre desde Colombia hacia países como Perú. Sin embargo, en este último país hay reglas menos restrictivas en cuanto al tráfico ilegal de fauna. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo acciones para el mejoramiento de la cooperación internacional en lo que respecta al tráfico ilegal de especies.
Por poner otro ejemplo, son ocho los países ubicados en la cuenca del río Amazonas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Y, sin embargo, hay una ausencia de un marco reglamentario y de política pública común a esos ocho países en términos del comercio de madera (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Esto es particularmente preocupante si se tiene en cuenta que diversas investigaciones (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019; Urrunaga et al., 2012) han alertado sobre el significativo tráfico ilegal de madera entre estos países, en particular, desde Perú hacia Colombia.
Por todo lo anterior, se ha sugerido el establecimiento de una, hasta ahora inexistente, fuerza pública transfronteriza que sea efectiva para salvaguardar los recursos naturales flora y fauna de la Amazonía (EIA, 2019).
7. Presupuesto, logística y personal
Finalmente, los funcionarios entrevistados señalaron dificultades en relación a logística, personal y presupuesto. En primer lugar, señalaron que hay una falta de operativos de control (tanto en número como en capacidad operativa) en vías rurales y fronterizas. En efecto, Colombia comparte amplias fronteras selváticas con países como Ecuador o Brasil, dominadas por las economías ilegales. En el río Amazonas, en los puntos de control del Ejército de Colombia y de Corpoamazonía, es normal que cada retén de la fuerza pública tenga entre 10 y 20 militares para custodiar más de 170 kilómetros de áreas de bosque y fronteras fluviales (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Esto debilita la capacidad del Estado de realizar controles aduaneros en el comercio de madera en la frontera sur del país.
Cabe mencionar, además, falta de recursos. Para 2014, fecha de la que se tienen registros más recientes por parte de la Procuraduría para Asuntos Ambientales (Pulido & Echeverri, 2014), solo el 28 % de 32 autoridades ambientales encuestadas contaba con el presupuesto adecuado para adquirir elementos de marcaje (identificación) y seguimiento de fauna, y el 54 % no contaba con presupuesto para el manejo de fauna y flora y para administración de sitios para el manejo de fauna en cautiverio (esto es, hogares de paso y Centros de Atención y Valoración). Además de lo anterior, solo un 35 % de las autoridades encuestadas contaba con presupuesto para analizar análisis clínicos, y solo un 41 % contaba presupuesto para la reubicación de fauna y flora fuera del Centro de Atención y Valoración (Pulido & Echeverri, 2014).
A lo anterior debe sumarse que el 47 % de 32 autoridades ambientales encuestadas manifestó que no contaban con presupuesto para la reubicación de fauna decomisada o entregada voluntariamente. La mitad de las 32 autoridades ambientales encuestadas señaló que no contaba con presupuesto para análisis clínicos, marcaje y mantenimiento de áreas para reubicación de fauna fuera del CAV (Pulido & Echeverri, 2014).
Aunque no dieron muchos detalles al respecto, varios funcionarios mencionaron que una falla estructural en las Corporaciones Autónomas Regionales consiste en que muchas de ellas cuentan con muy poco personal.
Finalmente, buena parte de las dificultades que enfrentan los funcionarios tienen que ver con el acceso a las regiones que son deforestadas. El equipamiento de transporte es un punto de mejoramiento. Un funcionario entrevistado mencionó un caso particular de un intento de incautación de maderas en el Guaviare; este narró que no se pudo realizar la incautación de maderas debido a dificultades logísticas para el transporte de la misma. Al final, esta se tuvo que dejar en el lugar en que se encontró. Al transporte debe sumarse la seguridad como otro punto de mejoramiento, pues diversas áreas deforestadas del país tienen una débil presencia de las instituciones del Estado y son dominadas por las economías ilegales.
Otras investigaciones (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019) también han señalado que la falta de recursos y de personal (juntos con falta de voluntad política) ayudan a explicar la carencia de supervisión y monitoreo a los aprovechamientos madereros por parte de autoridades ambientales del país.
Conclusiones
Las razones que ayudan a explicar la ilegalidad en actividades como la tala o el tráfico de especies en Colombia son múltiples e incluyen factores económicos, culturales y sociales (Blaser, 2010; Orozco et al., 2014). En este capítulo presentamos una serie de dificultades institucionales que enfrentan funcionarios públicos de Colombia a la hora de hacer investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en eventos de tala ilegal y tráfico de especies de fauna. Señalamos, además, en qué medida esos desafíos son el resultado de vacíos de gobernanza ambiental en el país.
Tales desafíos institucionales, a su vez, contribuyen a que los vacíos de gobernanza se perpetúen. Es muy diciente, por ejemplo, el que el Estado colombiano haya tenido un papel menos proactivo que otros Estados latinoamericanos a la hora de crear espacios de participación para el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal de Naciones Unidas (REDD, en inglés) (Aguilar-Støen, 2015). En su lugar, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional han tenido un papel más activo en este proceso (Aguilar-Støen, 2015).
Los resultados de la presente investigación apuntan a la necesidad de que se realicen más capacitaciones ambientales no solo a los funcionarios públicos, sino también a las comunidades indígenas y afrodescendientes, habitantes de una parte significativa de las áreas de bosque natural en Colombia. También hemos planteado que las capacitaciones ambientales deben ir de la mano de capacitaciones jurídicas para empoderar a las comunidades y lograr que estas puedan celebrar contratos más equilibrados o justos con los intermediarios de la cadena forestal. En segundo lugar, planteamos la necesidad de aumentar y enriquecer el entrenamiento en peritajes de miembros de corporaciones autónomas y jueces de la república.
En tercer lugar, mostramos que la corrupción y falta de transparencia es uno de los principales desafíos para la gobernanza ambiental en el país y, al hacerlo, cuestionamos estudios previos (Blaser, 2010) que plantean que la corrupción no parece ser un desafío percibido por varias de las partes interesadas en la observancia de la legislación forestal en el caso colombiano. Así mismo, resaltamos la baja ejecución de plataformas en línea como un obstáculo para el monitoreo ambiental.
En cuarto lugar, señalamos la urgencia del avance en la construcción de inventarios forestales y en la necesidad de mejorar la difusión de herramientas tecnológicas tales como la aplicación de telefonía móvil Especies Maderables. En efecto, el hecho de que las herramientas