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Resistir Buenos Aires. María CarmanЧитать онлайн книгу.

Resistir Buenos Aires - María Carman


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de proyección comunitaria y con objetivos sociales se contrapuso a la visión oficial de los parques como espacios ordenados y cercados, cuya naturaleza se domestica para ciertos usos y disfrutes.

      Como observamos, las amenazas, el uso de la violencia o las políticas de abandono hacia residentes de villas y complejos habitacionales no fueron excepciones, errores o abusos por parte del Estado local, sino parte estructural de un modus operandi en torno a los sectores más vulnerables que se vio replicado, con matices, en diversas gestiones del período analizado.

      Las medidas coercitivas impulsadas demuestran cuán profundamente la presencia de determinados sujetos en espacios emblemáticos de la ciudad desafiaba cierta moral implícita sobre los usos del espacio. Como señala Butler (2017: 22), la prescindibilidad o el carácter desechable de las personas y de sus prácticas se reparte de manera desigual en nuestras sociedades.

      Esta política pública valoriza el suelo de los entornos con las obras de urbanización, al tiempo que incorpora las tierras de las villas al mercado inmobiliario, sin generar reaseguros para la tenencia de las viviendas. El incremento en el costo del suelo inevitablemente impacta en los costos de vida de sus habitantes: a los servicios asociados a la nueva vivienda se les sumarán impuestos locales e inmobiliarios. En efecto, uno de los temores compartidos por organismos defensores, ONG locales y habitantes de esos territorios es que se produzca un desplazamiento silencioso de los pobladores, ya que difícilmente puedan afrontar los costos de vivir en un barrio formal y renovado de la ciudad.

      Este novedoso escenario nos invita a reflexionar tanto sobre las políticas públicas involucradas en la integración sociourbana como sobre los sentidos que asumen ciertas categorías aparentemente inequívocas –como urbanización, reurbanización e integración–, que organizan el discurso público de distintos actores –funcionarios, legisladores, organizaciones sociales, habitantes populares, académicos– acerca del deber estatal hacia las villas. Lejos de constituir un corpus indiscutible de conceptos y lineamientos, tales categorías funcionan como un significante vacío (Laclau, 2006) bajo el cual se aglutinan intereses, reclamos y demandas construidos desde posicionamientos políticos, jurídicos y morales dispares.

      Retomemos ahora el vasto espectro de resistencias y apropiaciones populares que acontecen en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Algunos funcionarios públicos o vecinos con mayores capitales acumulados traducen ciertos usos populares del espacio urbano como inadmisibles. ¿Por qué construyeron una casa tan cerca del Riachuelo? ¿Cómo es que los huerteros ensucian y afean la plaza? ¿Cuándo llegará el día en que, finalmente, estos sectores adopten una práctica “democrática”, higiénica, auténticamente ecológica, menos atrevida… en síntesis: más pura?

      A esto se suma un sinnúmero de prácticas culturales o ambientales de contestación que también involucran a sectores medios, como la realización de murales y festivales artísticos (capítulo 7) o el armado de huertas urbanas en defensa de espacios públicos (capítulo 6).

      Como podrá apreciarse en este libro, los sectores más vulnerables también luchan contra la segregación procurando desmarcarse de los estigmas que pesan sobre ellos: ya sea alegando no pertenecer al grupo que los cobija o, por el contrario, reivindicando esa pertenencia; ya sea justificando las circunstancias que desembocaron en su presente o construyendo otros referentes de identidad anclados en un pasado o futuro concebidos como prósperos. Asimismo, ellos procuran su efectiva integración a la ciudad por medio del acceso a los servicios que les son retaceados por el Estado o bien a partir de la judicialización de sus demandas.

      La judicialización es una estrategia que ha cobrado relevancia en la ciudad desde los primeros años del nuevo milenio, y supone el involucramiento de alguna instancia del Poder Judicial para exigir la resolución de problemáticas sociales de larga data, en las cuales solía intervenir exclusivamente el Ejecutivo. Se trata de un recurso novedoso para disputar el derecho a la ciudad que coexiste con prácticas “tradicionales” como la movilización política, el trabajo legislativo y el entramado de relaciones personales. Un proceso íntimamente ligado a la judicialización es el de la juridificación, en el cual los distintos participantes incorporan esos enunciados del derecho a su universo simbólico, a la vez que luchan por definir una u otra forma de regulación jurídica como legítima (Azuela, 2006: 14-15, 93 y 485).

      En los últimos años, los habitantes de villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires motorizaron procesos de judicialización y juridificación de sus demandas en articulación con activistas o expertos de ONG, asesorías, defensorías y organizaciones territoriales. Esto dio lugar a un nuevo ciclo en la vinculación entre los gobiernos


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