Pasionaria. Diego Díaz AlonsoЧитать онлайн книгу.
de los servicios de inteligencia, puesto que temía una candidatura «independiente» de izquierdas con los comunistas detrás, enarbolando la bandera del martirio y la persecución. González quería ver a las viejas glorias del exilio comunista en los mítines de la primera campaña electoral, para poder dar más realce a la juventud de los nuevos cuadros dirigentes del PSOE, formación histórica que ahora se ofrecía como una página en blanco. Adolfo Suárez prometía «libertad sin ira», una democratización sin dramas. Felipe González ofrecía un socialismo edulcorado, sin riesgos, y Santiago Carrillo estaba convencido de que millones de españoles antifranquistas darían su voto al Partido Comunista, por su abnegación en la lucha contra la dictadura, por la gran implantación de Comisiones Obreras en fábricas y talleres, por su distanciamiento de los soviéticos y por la serenidad en los momentos más difíciles. La lección de Atocha. El país no era tan sofisticado, sin embargo. Los españoles votaron muy mayoritariamente a favor de un cambio con seguro, y el PCE no alcanzó el 10 % de los votos. Dos años después, los comunistas obtuvieron el 13 % en las primeras elecciones municipales. Ese porcentaje reflejaba mejor su influencia real en la sociedad.
Por su parte, los catalanes del PSUC alcanzaron el 18 % en las generales del 1977 y superaron el 20 % en las municipales, con porcentajes superiores al 30 % en el área metropolitana de Barcelona. ¿Por qué esa diferencia? El PSUC fue en sus inicios un partido de unificación de socialistas, comunistas y nacionalistas de izquierda. Híbrido, mezclado, sin la palabra comunista en el titular. Durante la segunda parte del franquismo, especialmente en los años setenta, logró una notable implantación social, con sesgos interclasistas. Tenía a Comisiones Obreras a su lado, pero también le disputaba a Jordi Pujol la dirección del catalanismo. Fue el alma de la Assemblea de Catalunya, la plataforma unitaria de oposición al régimen de Franco que alcanzó una mayor capacidad de movilización en España. El PCE de la Transición admiraba al PSUC y a la vez recelaba de su tendencia a tomarse la autonomía verdaderamente en serio. El caso Comorera seguía planeando en aquella difícil relación. Joan Comorera, primer secretario general del PSUC, expulsado en 1949 bajo la acusación de «titista pequeñoburgués». Dolores Ibárruri se empleó a fondo contra ese hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo, antiguo socialista derivado en estalinista, profundamente catalanista, que se negaba a someterse a su autoridad.
Orgullo y melancolía en el rostro de Pasionaria. Efectivamente, sabe que su tiempo se ha acabado. Pero ha resistido. Ha vuelto del exilio, ha sido elegida diputada por Asturias, y hoy, 13 de julio de 1977, se sentará en la Mesa de Edad del Congreso, en calidad de vicepresidenta primera, al lado de Rafael Alberti, para dirigir simbólicamente la reapertura de la democracia parlamentaria en España después de cuarenta años de dictadura. En esa Mesa no hay ningún socialista histórico, puesto que el PSOE transitivo es un odre viejo en manos jóvenes. El PCE no ha ganado, pero Pasionaria ha vencido. Resistir es vencer.
«Para lograr la reconciliación cada una de las fuerzas políticas y nacionales debe estar dispuesta a la reciprocidad de condiciones», decía el documento aprobado por el comité central del PCE en agosto del 1956. Veinte años después ese es el retrato exacto de la situación, con una reciprocidad ventajosa para el aparato franquista dispuesto a la reconversión. Esa es la correlación de fuerzas realmente existente después de una dictadura extenuante que ha desecado las pasiones políticas que fomentó la República. Ahora todo es más funcional. Ahora estamos en la época del utilitario.
Con los poderes heredados del dictador, el rey Juan Carlos y el joven secretario general del Movimiento transformado en líder reformista han aparcado la vía más lenta que defendían los pesos pesados del primer gradualismo franquista. El conde de Motrico (José María de Areilza) y Manuel Fraga no serán los timoneles de una transición más parsimoniosa, más dura, menos pactista, más dispuesta a controlar la calle, a tiros si hace falta, como ocurrió en Vitoria en 1976; una transición sin el Partido Comunista en el Parlamento, en una primera fase, con una tímida descentralización regional, que debería prestar especial atención a Cataluña y el País Vasco, sin romper moldes. Laureano López Rodó, el gran protector político de los tecnócratas del Opus Dei, también ha sido aparcado. Torcuato Fernández Miranda, el sagaz ingeniero jurídico de la operación, también acabará apartado y perplejo ante la velocidad y el tactismo de Suárez, un hombre que apenas come. Una mesa, un teléfono, tres paquetes de Ducados, y una tortilla y una ensalada a la hora del almuerzo.
Después de lo que ha pasado en Portugal, el rey teme que una transición demasiado embridada malogre la legitimación de la monarquía en un país cada vez más tenso. El conflicto social derivado de la crisis del petróleo va en aumento. La inflación se ha disparado y en verano de 1977 España está galopando hacia la suspensión de pagos. Una transición lenta, seguramente aplaudida por los norteamericanos y probablemente aceptada por los gobernantes democráticos europeos, podía generar una larga y peligrosa etapa de conflicto capaz de arruinar la legitimación social de la restauración monárquica. Juan Carlos de Borbón teme ser el rey de un país en llamas en plena crisis económica. Ha conseguido que la Administración Ford —Gerald Ford, sucesor de Richard Nixon en la presidencia de los Estados Unidos, tras la dimisión de este en 1976 como consecuencia del caso Watergate— acepte un plan más rápido y ha escogido a Adolfo Suárez, el más descreído de los jóvenes jerarcas del Movimiento, para llevarlo a cabo. La aceptación de los comunistas en el proceso ha sido la principal duda hasta el último minuto. Los militares estaban en contra, pero la legalización del PCE ofrece dos ventajas tácticas a Suárez: legitima el reformismo y acentúa la competición electoral en el campo de la izquierda. Suárez arriesga, engaña a los jefes militares, a los que había prometido que no legalizaría al PCE, y gana los primeros comicios democráticos con una ley electoral hecha a medida de la plataforma Unión de Centro Democrático. Está eufórico. El día que saluda a Dolores Ibárruri en el Congreso, el presidente interino sabe lo que piensan hacer los comunistas con su magro resultado electoral. Sabe cosas que quizá la dama de negro, alejada del vuelo rasante de los movimientos tácticos, aún ignora. Suárez está en el secreto y ello acaba de explicar su rostro de satisfacción. 13 de julio de 1977.
Cinco días antes de la constitución de las primeras Cortes democráticas, el vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana ha comparecido ante las cámaras de TVE en horario de máxima audiencia para anunciar a los españoles que la economía está muy mal y que se tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para que las cosas no vayan peor. A los españoles no se les ha contado toda la verdad durante la campaña electoral. La inflación galopa hacia el 30 % y existe el riesgo de suspensión de pagos. Con una inflación desbocada es imposible redactar una constitución democrática en un país de la periferia europea que todavía no está anclado en el Mercado Común. La consolidación de una democracia de corte liberal exige frenar la inflación y para ello se deberán moderar las subidas salariales. Dicho de otro modo, la Constitución jurídica debe levantarse sobre una Constitución material que asegure la viabilidad económica del país en las condiciones impuestas por la subida de los precios del petróleo (Guerra del Yom Kippur, 1974) y la decisión de Estados Unidos de abandonar el patrón oro (Nixon, 1971) para ir a la libre fluctuación de divisas. Las importaciones se habían encarecido dramáticamente, mientras las exportaciones españolas perdían valor. La balanza comercial estaba rota.
El discurso de Fuentes Quintana fue memorable. Sincero, grave, directo, convincente. La política ya no habla así en televisión. Había que arrimar el hombro y los comunistas estaban dispuestos a ello. El 13 de julio, el día del saludo en el Congreso, Suárez ya sabe que puede contar con el PCE y con Comisiones Obreras para unos pactos nacionales de estabilización económica, que el PSOE no ve claros. Santiago Carrillo se estrenará como orador parlamentario proponiendo un gobierno de concentración nacional que aísle a los ultras y consolide un programa de urgente reforma democrática. El secretario general está convencido de que los malos resultados del PCE son consecuencia del temor y la prudencia de la gente después de tantos años de propaganda anticomunista. Cree que una perseverante política de responsabilidad ante los graves problemas del país puede modificar esa percepción. Sobrevalorando su experiencia, Carrillo sigue viendo inmaduros a los jóvenes dirigentes del PSOE, que no quieren oír ni hablar de pactos con UCD para ayudarle a sortear el temporal. El esquema de trabajo de Felipe González y Alfonso Guerra es simple: que Suárez gobierne y si se quema,